La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad general por diez años contra el exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán, por su actuación en el proceso de contratación de los pasaportes.
La investigación disciplinaria concluyó que Leyva incurrió en falta gravísima, a título de dolo, al declarar desierta la licitación pública 001 de 2023 pese a que la Unión Temporal Pasaportes 2023 cumplía con todos los requisitos y había obtenido el puntaje máximo en la evaluación.
Para la Procuraduría, la decisión del entonces canciller desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación pública.
En primera instancia, la sala disciplinaria ordinaria de juzgamiento había impuesto la sanción y absolvió a Leyva del segundo cargo relacionado con la declaratoria de urgencia manifiesta.
La defensa apeló la decisión, alegando violaciones al debido proceso, falta de imparcialidad del procurador delegado y deficiencias en la formulación de cargos, argumentos que fueron desestimados por el despacho de segunda instancia.
El Ministerio Público ratificó que no existían causales jurídicas para declarar desierto el proceso, dado que había un oferente habilitado con calificación máxima y recomendación de adjudicación por parte del comité evaluador.
Además, recalcó que la declaratoria de urgencia manifiesta tampoco se ajustó a la normativa vigente, aunque ese cargo fue descartado en el fallo inicial.
Con esta decisión firmada por el mismo procurador Gregorio Eljach, la sanción contra Álvaro Leyva queda en firme dentro del proceso disciplinario, lo que le impide ocupar cargos públicos durante la próxima década.
