Una polémica medida del Gobierno encendió las alarmas entre urbanistas y expertos en vivienda.
A través del Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, el Ministerio de Vivienda eliminó la obligación de tramitar licencia de construcción para proyectos de remodelación, mejoramiento o autoconstrucción en sitio propio, reemplazándola por una simple carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero.
En palabras sencillas: ahora remodelar o ampliar una vivienda no requerirá permiso previo de curaduría, sino solo una declaración responsable del profesional encargado y un registro ante la entidad local.
La decisión, según el Gobierno, busca agilizar los trámites y reducir los costos para familias de bajos ingresos que quieran mejorar su vivienda. La meta es intervenir más de 400 mil hogares con subsidios de hasta $31,3 millones por familia, lo que representa una inversión de $12,5 billones de pesos.
Pero no todos celebran. Expertos advierten que la medida podría abrir la puerta a una “autoconstrucción sin control”, con riesgos de seguridad estructural, hacinamiento y desorden urbanístico.
“Es un retroceso institucional que elimina una herramienta clave de formalidad técnica y de seguridad para los hogares más vulnerables”, criticó la exministra de Vivienda Sandra Forero.
Además, la norma entra a regir de inmediato, aunque los profesionales encargados de firmar las cartas de responsabilidad aún no han sido capacitados ni certificados, lo que genera un vacío de control durante los próximos seis meses.
Mientras el Gobierno defiende la medida como un impulso a la vivienda popular y la reactivación económica, los expertos insisten en que sin vigilancia ni verificación técnica, el país podría enfrentar un aumento en las construcciones inseguras y sin planeación.
