El gremio advierte que este incremento podría implicar la pérdida de más de 772.000 empleos, así como el cierre de muchas micro, pequeñas y medianas empresas.
La decisión del Gobierno de incrementar el salario mínimo en un 23 %, y establecerlo en COP 2 millones con auxilio de transporte, fue demandada por Fenalco ante el Consejo de Estado.
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) radicó la demanda al considerar que el aumento carece de sustento técnico. Según el gremio, la Ley 278 de 1996 establece que el ajuste del salario mínimo debe basarse en variables como inflación y productividad, lo que habría arrojado un incremento cercano al 6,21 %, muy lejos del 23,7 % finalmente decretado, si se incluye el aumento del auxilio de transporte.
“La decisión del Ejecutivo desconoció el marco legal y constitucional vigente al aplicar criterios no contemplados en la ley y sustituir las variables obligatorias para la fijación del salario mínimo; inflación, productividad, PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional; por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la OIT sin carácter vinculante”, señaló la federación.
En la denuncia presentada también se menciona que con el decreto mediante el cual se fijó el incremento, también se desconoció la competencia exclusiva del DANE como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, fundamento esencial para la medición de la inflación en el país.
Por lo anterior, Fenalco solicitó la suspensión provisional e inmediata de esta medida, señalando que su aplicación genera impactos irreversibles, presiones inflacionarias adicionales, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.
“Esta no es una discusión contra los trabajadores, que se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país. Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general del país por encima de los intereses politiqueros del Gobierno”, concluyó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien el año pasado no participó de la mesa de concertación para el incremento del salario mínimo al considerar que no había garantías para llegar a un acuerdo.
La federación advierte que, de no corregirse este incremento, se perderían alrededor de 772.340 empleos y se cerrarían innumerables empresas.
