El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que fijó el incremento del salario mínimo para 2026, tras admitir una demanda contra el acto administrativo expedido por el Gobierno nacional. La decisión, adoptada mediante medida cautelar por el magistrado ponente del caso, ordena al Ejecutivo emitir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días, ajustado a los parámetros legales y constitucionales vigentes.
El alto tribunal consideró necesario frenar temporalmente los efectos jurídicos del aumento mientras se estudia de fondo la legalidad del decreto. La medida implica que el Gobierno deberá revisar el acto administrativo y expedir uno nuevo que cumpla estrictamente con los criterios técnicos establecidos por la ley para la fijación del salario mínimo.
Entre los factores que deben ser tenidos en cuenta están la inflación, la productividad y las demás variables económicas contempladas en la normativa. La decisión recalca que el ajuste salarial debe sustentarse en criterios objetivos y en el marco del proceso de concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado.
El 29 de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro anunció un incremento del 23,7 % para el salario mínimo de 2026. Según lo informado entonces por el Gobierno, el salario quedó fijado en 1.746.882 pesos, más un subsidio de transporte cercano a los 250.000 pesos, para un total aproximado de dos millones de pesos.
El proceso continuará su trámite en el Consejo de Estado, que deberá decidir de fondo sobre la legalidad del decreto.
