Un grupo de senadores radicó una iniciativa que podría poner fin a una vieja práctica política: la llegada al Congreso de familiares de mandatarios locales y departamentales. La propuesta cierra un vacío legal que durante años ha favorecido a los clanes políticos regionales.
En medio del ambiente preelectoral que ya empieza a sentirse en el país, fue radicado en el Senado de la República un proyecto de ley que promete sacudir el panorama político regional. La iniciativa busca prohibir que los familiares de alcaldes y gobernadores en ejercicio puedan aspirar al Congreso, tanto al Senado como a la Cámara de Representantes.
El texto, respaldado por decenas de congresistas de diferentes bancadas, busca armonizar las inhabilidades electorales y acabar con una excepción que ha beneficiado, durante años, a poderosas estructuras familiares que combinan el poder local con la representación nacional.
De acuerdo con las normas actuales, los parientes cercanos de un alcalde o gobernador —como cónyuges, padres, hijos o hermanos— no pueden ser candidatos a la Cámara de Representantes si el mandatario ejerce en el mismo departamento o distrito.
Sin embargo, esa misma limitación no aplica para el Senado, un vacío que ha permitido que los clanes políticos mantengan su influencia en el Congreso, presentando familiares de mandatarios locales a través de listas nacionales.
«Es un proyecto que precisamente lo que busca es acabar con el nepotismo en nuestro país. Alcaldes y gobernadores, cuando son elegidos, luego pretenden con el poder que adquieren, con la burocracia de la institución y con el presupuesto público, poner a sus familiares más cercanos a que aspiren al Congreso, elegirlos y heredar de una manera u otra el poder político», indicó Alfredo De Luque, uno de los ponentes del proyecto.
Si la propuesta logra convertirse en ley antes del 20 de julio de 2026, afectaría de manera directa a varios aspirantes que ya se perfilan dentro de las estructuras políticas regionales, y que dependen del respaldo de familiares que ejercen como alcaldes o gobernadores.
Para muchos analistas, se trata de un intento por desmontar el modelo de poder heredado, que ha permitido que familias enteras mantengan el control de cargos públicos por generaciones.
“Esto podría alterar el mapa político del país”, señala un experto en derecho electoral. “Si se aprueba, varios de los nombres tradicionales que hoy dominan las listas al Congreso quedarían por fuera. Es una medida que busca oxigenar la política”.
El debate no será sencillo. Mientras unos sectores defienden la propuesta como una herramienta para evitar el nepotismo y fortalecer la transparencia, otros advierten que podría ser inconstitucional al restringir los derechos políticos de personas que no tienen responsabilidad directa sobre las actuaciones de sus familiares.
En todo caso, la discusión ya está sobre la mesa. El proyecto será estudiado en las Comisiones Primeras del Senado, donde se prevé un intenso pulso jurídico y político.
De aprobarse, esta iniciativa marcaría un antes y un después en la relación entre el poder local y el nacional, cerrando la puerta a los vínculos familiares que durante décadas han caracterizado a buena parte del Congreso colombiano.
