Radican proyecto ‘Ley cero cachos’ que podría dar cárcel a quienes sean infieles en Colombia
La ‘Ley Cero Cacho’, que les daría duro golpe a los infieles en Colombia, ya fue radicada y tiene el apoyo de varios congresistas
En Colombia, la infidelidad no solo es un dolor de cabeza para miles de parejas, también podría convertirse en un asunto penal.
Un nuevo proyecto radicado en el Congreso busca que los infieles ya no puedan justificar las consecuencias de sus actos como simples problemas privados, sino que sean tratados como posibles responsables de violencia intrafamiliar.
La iniciativa, denominada Proyecto de Ley 212 de 2025 o “Ley Cero Cacho, Cero Violencia”, fue impulsada por la senadora Karina Espinosa Oliver y respaldada por varios congresistas.
En su título oficial se lee: “Por medio de la cual se modifica y adiciona la Ley 115 de 1994 y la Ley 1620 de 2013, para educar y promover las relaciones sanas, con especial énfasis en la de pareja, como eje central del funcionamiento social, para prevenir la violencia”.
El objetivo es claro: “educar y promover las relaciones sanas, con el fin de que los educandos conozcan la diferencia de una relación sana a una insalubre, y sus repercusiones a nivel de salud mental, física y su trascendencia en términos sociales y culturales”.
Entre los factores que busca prevenir están los celos, la desconfianza, la infidelidad, la intolerancia, el consumo de alcohol y drogas, así como el abandono económico.
Infidelidad y cárcel: así funcionaría la sanción
De convertirse en ley, la infidelidad que genere violencia física o psicológica podría ser denunciada y castigada como violencia intrafamiliar.
Esto implicaría que las víctimas tengan derecho a atención inmediata, acompañamiento psicosocial y jurídico, además de medidas de protección.
La propuesta también pone el foco en los hijos, quienes resultan afectados por las rupturas y el maltrato derivado de las traiciones sentimentales.
“Quienes acostumbren a engañar a sus parejas ya no podrán minimizar la infidelidad como un asunto privado cuando de ella se deriven actos de violencia”, señala el articulado.
El proyecto fue radicado en agosto de 2025 y se encuentra en estudio en el Congreso, donde debe pasar algunos debates para que sea ley en Colombia.
